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| Un jet |
A:B: / ITRAN, 14-07-2016
El 9 de
julio en curso, el periódico marroquí Assabah sacaba a la luz un viaje del
director General de l’Office National Marocain de Tourisme (Oficina Nacional
Marroquí de Turismo), que este responsable habría realizado fletando un jet
privado que habría costado la escalofriante suma de 500.000 dirhams, en divisas
(unos 450.000 euros al cambio actual) con cargo al contribuyente marroquí. El
periódico indicaba que con este viaje, el ministro quería ofrecerse una
escapada por Europa en compañía de una hija suya, sin coste alguno para él.
Según
el mismo medio de comunicación, esa suma habría sido sustraída del presupuesto
de la Asociación de Músicas Sagradas, de Fés, una especie de festival de Músicas
de contenido espiritual que se celebra anualmente en esa ciudad, cuya
presidencia ostenta el “señor” ministro.
La
información del diario Assabah no tuvo especial relevancia hasta que el
diputado Hassan Slighwa (del Partido Istiqlal) la sacó a relucir en una
solicitud de explicación verbal al Gobierno durante una sesión parlamentaria.
A raíz
de la intervención del parlamentario istiqlalí, la Oficina Nacional Marroquí de
Turismo (ONMT) se apresuró a emitir un comunicado, desmintiendo formal y
categóricamente las alegaciones “difamatorias” y “mentirosas” publicadas por “ciertos
medios de comunicación” (no los identifica abiertamente), relativas a este
caso.
El
comunicado de la ONMT achaca esas supuestas difamación y mentiras a una campaña
de desprestigio contra el director general de la ONMT, en previsión de las
próximas elecciones legislativas.
Lo curioso
es que la Oficina de Turismo no fue más allá de un simple comunicado, no
desvelando si tiene o no intención de recurrir a la justicia, dada la
envergadura de esa difamación de la que habla.
Llegados
a estas alturas, la Justicia, y sobre todo el Tribunal de Cuentas, que preside
el exministro Driss Jettou, deberían tomar cartas en el asunto y llegar hasta sus
últimas consecuencias.
Se
trata de un caso de indudable importancia que, además, ha generado alarma
social y, como tal, merece toda la atención de los gobernantes, que deberían
mantener informada a la opinión pública del resultado de su gestión.
