Desde mediados de año, una vez concluida la etapa más dura del confinamiento en numerosos países, la inmigración está en auge. Las autoridades españolas y europeas prevén que cuando se restablezca una mayor libertad de movimiento, se disparará. Lo reconocía incluso el mes pasado Sabri Boukadoum, ministro de Asuntos Exteriores argelino: las turbulencias pospandemia en África, y especialmente en el Sahel, suscitarán “una gran oleada de inmigración que nos amenaza”. Entrarán en Argelia, advertía, y, de ahí, intentarán dar el salto a Europa junto con muchos argelinos.
A finales de la década pasada, España “metió en nómina a un país entero”, según narró en 2014 en su libro 'Diario de un espía' David R. Vidal, que durante 10 años siguió el fenómeno migratorio para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en África Occidental. Al margen de colaborar con los destacamentos de la Guardia Civil en Mauritania y Senegal, los miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas recibían un sobresueldo español por hacer bien su trabajo, vigilar las costas para impedir las salidas rumbo a Canarias. El sistema de 'incentivos pecuniarios', que también se amplió a Senegal, incluía además la concesión de visados Schengen de larga duración y múltiples entradas a varios miles de gerifaltes del régimen que aprovechan sobre todo para viajar a Francia, su país de referencia en Europa. El dinero de estos sobresueldos no salía de los fondos reservados sino de los acuerdos de cooperación entre el Ministerio del Interior español y esos dos países africanos para reforzar la operatividad de sus fuerzas de seguridad. A mediados de esta década, desembolsaba unos 14 millones de euros anuales de los que Mauritania se quedaba con el 70% y el resto Senegal.
En Mauritania, un asesor del presidente, que entonces era Mohamed Ould Abdelaziz, firmaba los justificantes de los gastos costeados por la cooperación española y desde la jefatura del Estado se repartían los 'incentivos' que llegaban hasta el gendarme que patrullaba por la playa. El Tribunal de Cuentas español señaló en alguno de sus informes el descontrol de Interior sobre el destino real del dinero gastado en cooperación, sobre todo con Senegal.
Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, ahondó, a partir de 2019, la política puesta en marcha 10 años antes por su predecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba. El año pasado triplicó, hasta alcanzar los 46 millones de euros, las ayudas otorgadas a los países africanos para luchar contra la emigración irregular, según una respuesta del Gobierno al diputado de Bildu Jon Iñarritu. Marruecos, que se benefició de ellas por primera vez, se quedó con el 69,5%, y el resto se lo repartieron sobre todo entre Mauritania y Senegal.
El esfuerzo no ha sido rentable. Las pateras que llegan ahora a Canarias proceden del sur de Marruecos, del Sáhara Occidental bajo control marroquí y, sobre todo, de Mauritania, según fuentes de Inteligencia. En las últimas semanas, se han sumado también embarcaciones que zarparon desde Senegal y hasta de Gambia. “El recrudecimiento de la emigración irregular desde Senegal alcanza niveles preocupantes”, constaba en un comunicado, el 10 de octubre, de la asociación de periodistas senegaleses especializados en migraciones y seguridad (AJMS).
Una combinación de factores explica que el dique de contención de la migración erigido hace más de una década para proteger Canarias esté deshilachándose. El primero es, probablemente, el incremento de la presión migratoria a causa de la crisis económica provocada por la pandemia. Txema Santana, portavoz en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señalaba a la prensa local que los migrantes senegaleses y marroquíes eran en sus países “guías, taxistas o vendedores ambulantes de baratijas” que, con la desaparición del turismo a causa del covid-19, se han arruinado.
El investigador argelino Raouf Farrah, del centro de estudios Global Initiative Against Transnational Organized Crime, explica, por su parte, el auge de la emigración argelina (+606% con relación a 2019) por “la creciente pauperización, la gestión caótica de la pandemia, las restricciones de las libertades individuales y colectivas y la negativa del régimen a emprender las reformas que consagren las legítimas reivindicaciones del Hirak”, el gran movimiento pacífico de protesta que empezó en febrero de 2019. “Amplios sectores de la población tienen un profundo sentimiento de injusticia, de 'hogra' [humillación], sobre todo entre los jóvenes”, añade. “Para ellos, la emigración clandestina es la única puerta de salida”, concluye.
Para los 'harragas', como llaman en el Magreb a los 'sin papeles', hay ahora un aliciente más. Ya no corren el riesgo de ser expulsados de España y regresar a sus países derrotados y endeudados. Desde que empezó la pandemia, solo Mauritania ha aceptado un puñado de devoluciones con cuentagotas, pero las entregas de inmigrantes a Marruecos, a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, y a Argelia, a través del ferry que enlaza Alicante con Orán, están suspendidas 'sine die'.
El desbloqueo de las devoluciones ha sido el principal objetivo del viaje del presidente Pedro Sánchez a Argel, el 6 de octubre, y, en cierta medida, a Nuakchot, el 29 de junio, según indican fuentes diplomáticas. Con el mismo propósito, se desplazará este otoño a Túnez y a Líbano. La Dirección General de la Seguridad de Líbano anunció el 18 de octubre el desmantelamiento de una amplia red que operaba en el aeropuerto de Beirut para enviar a España emigrantes clandestinos libaneses y palestinos.
27/10/2020
Fuente: el confidencial
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10-27/presion-migratoria-derriba-dique-contencion-corruptelas-proteger-canarias_2807195/
